Sufrió un nuevo y previsible traspié el primer juicio oral y público de un ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola. El debate de los posibles hechos de corrupción cometidos con fondos de la minería quedó en suspenso por la desarticulación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF). Este estrado depende enteramente de jueces de otras provincias desde la semana pasada, cuando Gabriel Casas cesó en sus funciones para acceder a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Dos magistrados subrogantes, Enrique Lilljedahl y Jorge Abelardo Basbus, manifestaron que tienen cronogramas para cumplir en sus propias jurisdicciones y que, por ello, deberán reprogramar las audiencias de la llamada causa “YMAD” (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) que iban a comenzar el 14 de junio.

La postergación del juzgamiento de Cerisola y de otros tres miembros de su equipo en la UNT, el ex diputado radical Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino, había sido de alguna manera anticipada por el propio Casas. En una entrevista concedida al día siguiente de su desvinculación, el ex magistrado había advertido que quedaba una agenda muy comprimida y que dudaba de que los jueces sustitutos pudiesen cumplirla. Si bien en ese diálogo Casas admitió que le gustaría ser candidato a senador si la mayoría del peronismo estaba de acuerdo, eventualmente la Cámara Federal de Casación Penal podría convocarlo a prestar funciones judiciales.

Enrique Jiménez Montilla, el único juez titular que queda en el TOF tucumano, está de licencia por enfermedad (recibe el tratamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Previamente, en 2018, se había jubilado Alicia Noli, pero el concurso para cubrir su cargo se dilata en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La causa del ex rector lleva 11 años en trámite. Su origen se remonta a una denuncia del arquitecto Ramón Eudal a la que se sumaron otras acusaciones del peronista disidente Oscar López y de la Sindicatura General de la Nación. La investigación a cargo del fiscal federal N°1, Carlos Brito, constató irregularidades en el manejo de utilidades por $ 340 millones -o U$S 85,5 millones, según la cotización en 2010- que la casa de Juan B. Terán recibió de YMAD. En 2019, los coimputados lograron diferir el inicio de la audiencia en el TOF mediante el pedido de dos peritajes adicionales (uno contable y otro de ingeniería civil). A las dificultades naturales para practicar este tipo de peritaciones se sumó la pandemia. Con el fin de hacer el juicio lo antes posible, el TOF había oficializado en febrero la posibilidad de que Cerisola solicite asistir al debate en forma remota.